El Candidato Andalucista a la Alcaldía de Córdoba, manifiesta que la propuesta de Estatuto en materia de financiación, es discriminatoria y muy perjudicial para los intereses de Andalucía.
Madruga define como una “traición” al Pueblo Andaluz, que desde el PSOE, PP e IU se quiera consagrar el principio discriminatorio por el cual el Estado deba invertir más en aquellas Comunidades Autónomas más ricas, suponiendo este hecho impedir la convergencia Comunidades las Comunidades más pobres, con las de un mayor nivel de desarrollo.
Para Madruga es inaceptable que las inversiones del Estado en Andalucía se fijen en base a la población sin aplicar algún factor de corrección, y en Cataluña se utilice el PIB, con lo cual al ser los Andaluces solamente un millón más de habitantes que Cataluña, y Cataluña tener tres veces el PIB Andaluz, la diferencia de inversiones entre ambas superará el 70% a favor de Cataluña.
Madruga considera además muy grave que esta propuesta de Estatuto, en su artículo 175.2C, vincule los recursos para la nivelación de servicios esenciales, como la educación, sanidad o servicios sociales, a que Andalucía realice un esfuerzo fiscal similar al de Comunidades Autónomas como la Catalana, cuyo Producto Interior Bruto “per cápita” triplica al de Andalucía. Esto supone, que los Andaluces no tendrán acceso a una sanidad, educación y servicios sociales de primera.
El Candidato Andalucista, declara su sorpresa ante el intento de IU y PSOE de evitar toda comparación con el Estatuto Catalán, como si Cataluña no fuera España y los efectos de su modelo de financiación no repercutieran en los recursos de nuestra Comunidad Autónoma.
Madruga declara que la falta de suficiencia financiera es una de las causas fundamentales por la que pedimos el No a este estatuto, no siendo negociable los recursos indispensables para que los Andaluces tengan la misma calidad en educación, sanidad, y servicios sociales.
Madruga considera que las críticas de IU ante la posición del PA esconde la imposibilidad de sostener el discurso de los “derechos” y su verdadera intención a la hora de consensuar esta reforma: la de consolidar una “gerontocracia” política de dirigentes, que esta vez colgados de la percha del PSOE conviertan la actividad política en su única forma de vida.
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